Carlos Duguech
Columnista invitado
En el sitio oficial “Junta Electoral Tucumán” en el título “Autoridades de mesa” puede leerse, entre otras precisiones, los requisitos para cumplir esas muy importantes tareas en el proceso electoral: “Los presidentes y vocales deberán reunir las calidades siguientes: 1. Ser elector hábil; 2. Residir en la sección a desempeñarse; 3. Saber leer y escribir”. Y nada más.
Sí, nada más que eso. Y sigue vigente la ley. Por otra parte el artículo 17 de la ley electoral 7.876 de la Provincia precisa que las autoridades de mesa serán designadas por la Junta Electoral.
En el conjunto de legislaciones nacionales y provinciales en un país federal, suelen existir algunas diferencias. Pero éstas no deberían menoscabar los derechos de los ciudadanos de una jurisdicción respecto de los de otras. Dicho esto por aquello de la norma constitucional argentina de la “igualdad ante la ley”, conviene ahora poner de manifiesto una contradicción de peso. En el sitio oficial Argentina.gob.ar la Dirección Nacional Electoral para las elecciones legislativas recientes precisa para el título “Autoridades de mesa” y sobre su designación y notificación: “Cualquier persona puede ser autoridad de mesa. Sólo tiene que ser elector hábil, tener entre 18 y 70 años, residir formalmente en la sección electoral donde se debe desempeñar, saber leer y escribir (hasta aquí igual que la norma provincial) “y no encontrarse afiliado o afiliada a ningún partido político”.
Esta última condición, dado el “poder de fuego” que se le asigna al presidente de mesa (hasta puede requerir de la policía el arresto de un ciudadano que, a su criterio, por sus conductas debe ser arrestado en el día del proceso electoral) es una condición sine qua non. Mal puede asegurarse la transparencia y normalidad del proceso eleccionario - y especialmente a la hora de la votación y del escrutinio de los votos- si no se tiene en cuenta que el presidente de la mesa (y el que lo sustituya como vocal) no deben estar afiliados a partido político alguno. Tan obvias las razones que no vale explicarlas.
Surge como necesario y oportuno desde el punto de vista de la historiografía revisar y comprobar si los presidentes de mesa de agosto de 2015 estaban o no afiliados a partido político alguno. No resultará difícil, aunque sí laborioso, confirmar consultando con el listado con sólo el DNI de los presidentes de mesa y vocal en el Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos. El resultado puede sorprender y a la vez mostrar un aspecto hasta ahora no tenido en cuenta. La afiliación política que pudiera comprobarse.
No se puede dejar de pensar en las elecciones de 2015 que instalaron en el país todo la idea del “escándalo electoral tucumano”. Por lo de las urnas “embarazadas”, incendiadas, y, sobre todo, por aquella foto que mostraba al entonces gobernador Alperovich vociferando en plaza Irigoyen junto a los entonces candidatos Manzur y Jaldo a una multitud en la “vigilia de armas”. Frente mismo al Palacio de Tribunales. En el segundo piso estaba reunida la Corte (de una conformación con subrogantes) resolviendo un recurso en contra del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Hebe López Piossek y Salvador Ruiz) que anulaba las elecciones y establecía la necesidad de una nueva convocatoria. Que el jefe de la administración provincial, titular del PE, se plantara frente a la sede de otro poder del sistema republicano y dijera a viva voz “no somos mansos” es, por lo menos, un acto de provocación (ante una multitud de enojados partidarios del oficialismo) y una amenaza a otro poder.
Si repasamos las fotografías del frente norte del edificio de Tribunales donde en un enorme cartel se leía con letras en rojo y negro “Muerte a los traidores” más otros de parecidas leyendas en contra de los camaristas del fallo anulatorio hallaremos que no es exagerado hablar de amenazas. A tal punto el clima era de tensa espera que hasta los pesados portones de hierro y bronce de acceso a Tribunales por el Pasaje Vélez Sarsfield estaba soldados para impedir su apertura eventual por parte de la concurrencia acantonada en la plaza del frente.
Cuando finalmente la Corte acogió favorablemente el recurso en contra del fallo que anulaba las elecciones las aguas volvieron a su cauce. Un cauce festivo por cierto por parte de los que apoyaban la validez del resultado electoral. Queda en el camino que los historiadores plasmarán en sus relatos e interpretaciones de los hechos tres amenazas que precedieron al fallo que aprobó el resultado electoral del 23 de agosto de 2015: el “No somos mansos” del titular del Poder Ejecutivo, a viva voz; las pancartas con “Muerte a los traidores” (a los jueces de cámara que anularon las elecciones); y la manifestación pública del 18/09/2015 del diputado nacional oficialista Carlos Kunkel en el sentido de que si la Justicia de Tucumán no anulaba el fallo que echa por tierra el resultado electoral, sería intervenido el Poder Judicial de la Provincia.
Ante semejante panorama puede decirse -sin que signifique un menosprecio por los jueces de la Corte que aprobaron los resultados expuestos de los comicios de agosto de 2015- que sesionaron bajo presión. Ninguna justicia emerge de ese contexto. Ninguna.
Probablemente -es sólo una apreciación muy personal- si la Corte, esta vez integrada por conjueces, hubiese confirmado el fallo de Cámara de Lopez Piossek y Ruiz, las soldaduras de los portones hubieran cedido ante una eventual arremetida de los que en la plaza esperaban que se confirmara el triunfo de la fórmula Manzur-Jaldo.
Y las consecuencias, enardecidos los manifestantes y alentados por el “no somos mansos” del gobernador Alperovich, hubieran sido muy lamentables, de impredecibles consecuencias para los jueces de esa corte integrada y para los camaristas del fallo anulatorio de las elecciones. No resulta fácil sostener en esta línea final que los jueces que aprobaron las elecciones tuvieron en cuenta más los predecibles resultados de una confirmación del fallo de Cámara que los fundamentos jurídicos de su pronunciamiento.
Quedaron con la conciencia tranquila de que eligieron el mal menor y hasta de que salvaron vidas. Sí, salvaron vidas que hubieran sido segadas por una muy enojada reacción de la muchedumbre de plaza Irigoyen, dispuesta a todo. A no “ser mansos”. Y a vencer las soldaduras de los portones del palacio de Justicia.